La responsabilidad colectiva en la protección a la infancia

La infancia es un periodo trascendental de la vida que condiciona las posibilidades de desarrollo pleno del ser humano.  Es por ello que atender con conocimiento y compromiso las necesidades de los niños y niñas es, no sólo una obligación legal, sino también una responsabilidad social compartida que nos corresponde a todas las personas.

Los países más evolucionados son conscientes de que la inversión social en infancia es la que presenta mayores efectos positivos para el conjunto de la sociedad, convirtiéndose en una herramienta estratégica para romper el círculo vicioso de la pobreza y las desigualdades.
En España se abren anualmente unos 40.000 expedientes de protección. De estos, aproximadamente 14.000 niños, niñas y adolescentes acaban viviendo en centros de protección y 21.000 bajo una medida de acogimiento familiar.

La solución pasa necesariamente por prestar una atención especial a la familia, como eje central de la vida social. La familia es una de las instituciones más valoradas de nuestra sociedad, por lo que su promoción y protección beneficia a las personas, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, y a la sociedad en general.